Sánchez Ramírez. Residentes en varias comunidades de la provincia Sánchez Ramírez denunciaron que la presa de cola del Llagal, perteneciente a la empresa minera Barrick Pueblo Viejo, está contaminando sus ríos y mata especies acuáticas.
De acuerdo con las denuncias de los afectados, en las últimas semanas comunidades como El Rayo, Los Naranjos, Los Higos, Las Tres Bocas, Arroyo Vuelta, Zambrana y Las Lajas, de la referida provincia; han observado cómo la biodiversidad en ríos como El Naranjo y Maguaca han disminuido notablemente, gracias al derrame de materiales tóxicos que llegan a estos afluentes.
“Nosotros somos huérfanos. Estamos cansados de llamar al presidente y nos hace caso omiso. Están todos confabulados. Esos ríos están sucios, tienen poca agua, las piedras cambian de color por la contaminación. A cada rato vemos peces muertos producto de esa presa, jaibas y diversas especies sacrificadas”, expresó el comunitario Concepción Sosa.
Los afectados piden ayuda a las autoridades del gobierno dominicano para que se respete la ley medioambiental y social.
“Aquí lo que penetra es el cianuro y sulfuro. Esto está lleno de erosión (desgaste de la superficie de la Tierra) que baja del Llagal. No podemos seguir permitiendo que Barrick acabe con nuestra naturaleza y el patrimonio de la comunidad”, destacó el también dirigente comunitario Cirilo Vásquez.
Los dolientes de esta zona señalaron que anteriormente el río El Naranjo suplió más de mil familias, sin embargo en la actualidad aquel que decida tomar de esta agua probablemente le cueste la vida. Los comunitarios aseguran que prolongarán la lucha y los diálogos, hasta que estos sean escuchados. A la lista de intranquilidad también se le añade la presencia de unidades especializadas del Ejército y de la Policía Nacional rondando desde tempranas horas de la mañana.
Versión de la UASD
La Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), a través de su Observatorio Dominicano de Políticas Públicas (ODPP) y del Instituto de Investigación de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas (FCJP), señaló en julio de 2023 que con este tipo de construcciones podrían resultar medioambientalmente afectadas demarcaciones cercanas, como Yamasá.