La orden ejecutiva que abre la puerta a sanciones de Estados Unidos contra miembros del Tribunal Penal Internacional (TPI) representa, en opinión de ONG como Amnistía Internacional y Human Rights Watch (HRW), un golpe al sistema global de rendición de cuentas y un paso para que puedan quedar impunes crímenes como los que estaría cometiendo Israel en la Franja de Gaza.
La secretaria general de Amnistía, Agnès Callamard, considera que el decreto suscrito el jueves por el presidente Donald Trump «laza el mensaje de que Israel está por encima de la ley y de los principios universales de justicia internacional». «Las sanciones representan otra traición a nuestra humanidad común», ha denunciado en un comunicado.
«En un momento histórico en el que estamos presenciando un genocidio contra los palestinos en Gaza, la agresión de Rusia contra Ucrania, y que el Estado de Derecho global se está viendo amenazado, instituciones como el TPI son más necesarias que nunca», ha subrayado Callamard.
ACUSA A TRUMP DE SER CÓMPLICE
La máxima responsable de Amnistía ha sugerido que Trump está avalando y siendo cómplice con su orden ejecutiva de los abusos perpetrados por su aliado Benjamin Netanyahu y espera por parte del resto de la comunidad internacional que se haga «todo lo posible» para mitigar o incluso «bloquear» los efectos de las sanciones internacionales.
Por su parte, la directora de justicia internacional de HRW, Liz Evenson, ha señalado que la orden de Trump alinea a Estados Unidos «con criminales de guerra», a costa de las víctimas que han sufrido estos mismos crímenes. Evenson también ha emplazado a los Estados miembro del TPI a dejar claro ante Trump que «nadie está por encima de la ley».
«Los países miembro deberían demostrar que están dispuestos a garantizar que el TPI pueda hacer justicia por los peores delitos, sea quien sea el responsable», ha reclamado en un comunicado.
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